Hoy ciertamente es un día histórico en el Perú. Para cuando ustedes lean estas líneas, ya se habrá leído la compleja sentencia del ex presidente Alberto Fujimori, centrada en dos casos de ejecución extrajudicial, a manos de un siniestro grupo paramilitar. Al margen de la sentencia en sí y todo el debate generado por este proceso, en un clima altamente politizado y polarizado, sería bueno recordar brevemente otro de los legados del Fujimorato. Me refiero a las condiciones e implicancias de las privatizaciones de una unidad minera y una unidad metalúrgica. Es decir, las cuestionables ventas de la unidad productiva de Cerro de Pasco (o Paragsha) y la fundición de La Oroya, ambas ex propiedad de la empresa CENTROMÍN Perú, y antes de la célebre Cerro de Pasco Copper Corporation. Algo hoy poco recordado, pero cuyo más superficial análisis arroja indicios del corrupto manejo del proceso de privatizaciones, en general, y de la privatización de estas dos unidades, en particular. Algo que hasta ahora tiene funestas consecuencias, en desmedro de la salud de miles de peruanos y el ambiente de todos nosotros, como lo prueban día a día la gestión económica y socioambiental de ambas unidades.
Hoy nos centraremos en la privatización de la unidad minera de Cerro de Pasco. Según un estudio del ex congresista de la República, Eduardo Carhuaricra, publicado por Labor Centro de Cultura Popular, Paragsha se vendió a un solo postor, por US$ 61.7 millones, a US$ 1.7 millones sobre el precio base, lo cual revelaba su escandalosa subvaluación. Carhuaricra precisa que la Unidad de Cerro de Pasco es una de las unidades productivas de más antiguas, “pero al mismo tiempo una de las más productivas, diversificadas y de mayor volumen de reservas mineras probado-probables”. Lo más grave es que Carhuaricra estima que los costos y gastos de reestructuración suman US$ 42.7 millones, por lo cual sólo queda un saldo neto a favor de US$ 20.6 millones. Y si se consideran también los ingresos dejados de percibir, la venta de Paragsha resulta negativa en casi US$ 40 millones.
El autor atribuye la responsabilidad de este resultado a la gestión de la Comisión Especial de Privatización (CEPRI) y a la consultora Macroinvest. Sin embargo, agrega que el gobierno de Fujimori anunció que fue un importante logro asignar “por concurso” la buena pro de la unidad a un importante grupo minero nacional: la Volcan Compañía Minera. Soslayando que detrás de esa minera estaban los grupos Letts, Picasso y Moreyra García Sayán, caracterizados por una gestión empresarial rentista y predatoria, que hizo quebrar a importantes empresas de la mediana minería. Con lo cual se constituyeron en deudores impagos del Banco Minero del Perú en los años 80. Una década más tarde, concluye Carhuaricra, estos grupos se “reconvirtieron” gracias a la mala memoria de los funcionarios públicos y sus vínculos con el poder político privatista en tiempos del hoy sentenciado. ¿Se juzgará algún día a los responsables de este mal negocio, con pésimas consecuencias para la salud ambiental de la región Pasco?
(Continuará)
Raúl Chacón Pagán
EN: EL E-COCHASKI Nº 6. Notas socioambientales del Perú (y allá). Lima, 7 de abril del 2009
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